Deudas: Seguridad Social

Las deudas con la Seguridad Social son una de las principales preocupaciones que nos trasmiten nuestros clientes cuando contactan con nosotros. En el presente artículo explicaremos el tratamiento de este tipo de deuda dentro del proceso de la Ley de Segunda Oportunidad.

Es importante destacar que sólo pueden contraer deudas con este organismo público las personas jurídicas, como por ejemplo las empresas, y las personas físicas empresarias, es decir: los autónomos. Por lo tanto, los trabajadores por cuenta ajena, como tal, no pueden contraer deudas con la Seguridad Social.

1. - La Seguridad Social española

La gestión del sistema de Seguridad Social español se atribuye a entes adscritos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los más conocidos son el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

El INSS tiene competencias, entre otras, en materia de reconocimiento y control de las prestaciones económicas de la Seguridad Social tales como la jubilación, incapacidad permanente o temporal, viudedad, orfandad o maternidad. Mientras que la TGSS, se encarga de la inscripción de empresas y de la afiliación, altas y bajas de los trabajadores.

2. - Deudas con la Seguridad Social

Tener deudas con la Seguridad Social puede acarrear graves consecuencias. Las deudas pueden haberse producido por la falta de pago de las cuotas de autónomo o bien la falta de pago de la seguridad social de los empleados.

En el caso de no haber pagado las cuotas de autónomo, se perdería el acceso a cualquier tipo de pensión, incluida la jubilación. De manera que, si no se resuelve la situación de impagos, una persona que ha estado trabajando toda su vida no podrá contar con esta fuente de ingresos cuando llegue a la edad de jubilación. Además, si el impago persiste por un largo periodo de tiempo, el autónomo podrá ser objeto de una inspección lo que tendrá como resultado sanciones más graves.

Por otro lado, si lo impagado es la Seguridad Social de los trabajadores y se extiende durante un largo periodo de tiempo, se podrá derivar una responsabilidad directa sobre el empresario deudor. Tendría que abonar las prestaciones correspondientes a un trabajador en situación de baja, de incapacidad o desempleo, entre otras.

Es importante tener presente que la deuda contraída con la Seguridad Social crecerá cada día debido a los intereses de demora. Más aun, habría que añadir el más que posible embargo de su patrimonio.

3.- Cancelación de las deudas con la Seguridad Social

Como se deduce de los párrafos anteriores, las deudas con la Seguridad Social tienen la consideración de deuda pública, es decir, es una deuda con el Estado. Es por ello por lo que cuenta con una protección especial dentro del ordenamiento jurídico.

El Estado no es partidario de que las deudas públicas, incluidas las mantenidas con la Seguridad Social, se puedan exonerar. Sin embargo, la primera regulación de la Ley de la Segunda Oportunidad no dejó claro el tratamiento que debía recibir este tipo de deuda. Ello generó una situación complicada en los Juzgados ordinarios, iniciándose un periodo de sentencias contradictorias entre sí. Mientras que algunas exoneraban la deuda pública, otras no lo hacían. En este contexto, el Tribunal Supremo se vió obligado a intervenir y pronunciarse al respecto. Lo hizo a través de la importante Sentencia del 2 de julio de 2019.

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4.- ¿Es posible cancelar la totalidad de las deudas?

Desgraciadamente, no se podrá cancelarse la totalidad de las deudas con la Seguridad Social. Habrá que tener en cuenta las circunstancias del caso en concreto, pero en nuestra experiencia se podrá cancelar entre el 60% y 70% de la misma.

Primero debe realizarse una distinción entre los créditos privilegiados, los créditos subordinados y los créditos ordinarios. La mitad de la cuantía principal de la deuda pública es considerada un crédito privilegiado, por ello no podrá ser cancelada de manera integra ni automática. La otra mitad será considerada crédito ordinario y si podrá ser cancelada. Por su parte, los intereses de demora, recargos, multas o sanciones serán considerados créditos subordinados y también podrán ser cancelados en su totalidad.

El Alto Tribunal se remite al propio objetivo del mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad que no es otro que según cita “una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”. Por ello, considera incongruente con esta finalidad la negativa del Estado a exonerar deuda pública. En definitiva, el Tribunal Supremo da luz verde a la cancelación de este tipo de deuda alegando que, en caso contrario, la Ley quedaría desvirtuada.

Sin embargo, la controversia continúa. Tras la mencionada sentencia, el legislador promulgó el criticado y aún vigente Texto Refundido de la Ley Concursal. Ante la situación generada por lo dictaminado por el Tribunal Supremo, el legislador redactó el artículo 491 manteniendo que los créditos de derecho público están excluidos de la exoneración del proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad.

No obstante lo anterior, en la actualidad, la mayoría de los Tribunales siguen manteniendo el criterio asentado por el Tribunal Supremo, alegando que el Estado se ha extralimitado en sus funciones al actuar en contra de lo ya  ha sido decidido por el Alto Tribunal.

5.- Un caso práctico

Para que sea más entendible, os proponemos el siguiente ejemplo de una deuda total con la Seguridad Social de 25.000 euros que se distribuye de la siguiente manera:

  • Cuantía base inicial: 15.000 €. De esta cuantía el 50%, es decir, 7.500€, serán considerados crédito privilegiado y no podrán ser exonerados. Los otros 7.500€ serán ordinarios y sí podrán serlo.
  • Intereses de demora, sanciones y multas: 10.000 euros. Tienen la consideración de crédito subordinado. Serán cancelados.

Siguiendo con lo establecido por el Tribunal Supremo en la sentencia citada, una vez determinada la cuantía base de la deuda que no se podría exonerar – los 7.500 euros del ejemplo – deberíamos realizar un plan de pagos con el organismo público. El concursado se comprometería a pagar una cuota mensual durante cinco años a la Seguridad Social. La cuantía de dicha cuota dependerá de sus ingresos mensuales y del salario mínimo interprofesional vigente en dicho momento.

Tras ese periodo de cinco años pueden darse dos escenarios: que la cuantía principal de la deuda se vea satisfecha o bien que los pagos destinados no hayan sido suficientes para ello. El primer caso no ofrecerá problema alguno. En el segundo, la deuda pendiente de pago quedará cancelada siempre y cuando se hayan cumplido con el pago de todas las cuotas mensuales. En ambos casos, habremos cancelado al menos el 70% de las deudas con la Seguridad Social.

6. - Guía completa de la Ley de Segunda Oportunidad

Si después de leer este artículo te surgen más dudas sobre la cómo cancelar tus deudas, consulta nuestra guía completa de la Ley de Segunda Oportunidad. Si lo prefieres contacta con nosotros y consulta directamente con nuestros abogados expertos para que te aclaremos todas las dudas que tengas.

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